por Tomado de El Espectador: 8 y 9 de Marzo de 2012 (Capítulos 3 y 4)
Por: Edinson Arley Bolaños
(3) Testaferros y multinacionales se disputan la hegemonía en las minas de La Petrolera y Curiaco.
(4) Santa Lucía es el reflejo del impacto que está generando la locomotora minera en la agricultura tradicional de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del sur del país.
CAPITULO 3. LOS DUEÑOS DEL MACIZO COLOMBIANO
A La Petrolera, la locomotora minera llegó antes de que lo anunciara el gobierno de Santos. El 6 de noviembre de 2007, mientras hacía un camino para bajar la madera aserrada, Dorance Meneses vio la pinta brillante. “Me puse a cavar y la hallé. Era una mina”, le dijo esta santarrosana a algunos medios de comunicación en 2011. Desde entonces, ella y treinta mineros artesanales empezaron a sacar 15 gramos de oro semanales, “algo más, como para vivir un poco mejor que antes”, replica Dorance.
Pero ni ella ni sus compañeros, que hoy hacen parte de la lista de desplazados de este país, se imaginaron que tras la mina llegaría no sólo un dueño, sino dos, y con ellos una guerra entre Gilberto Rojas Salinas, un campesino de la zona, y Arsecio Plazas, quien figura como el último propietario de la finca La Petrolera, y quien es procedente de Acacías, Meta.
En ese mismo predio, Ingeominas les entregó en noviembre de 2009 un título minero para explotación de oro a dos personas naturales que aparecen registradas en un documento de la página web del instituto. El título está localizado en: “La escuela de la vereda La Petrolera, municipio de Santa Rosa, Cauca”, cerca al Parque Nacional Natural Alto Fragua, que queda en el límite entre los departamentos de Cauca y Caquetá, zona que hace parte del núcleo del Macizo Colombiano y donde el río Caquetá se nutre de las aguas que drenan las quebradas y ríos del Parque Nacional Natural Doña Juana, el cual está conformado de serranías, páramos y cerros.
El litigio entre estas dos personas está en proceso; sin embargo, el señor Arsecio Plazas tomó posesión de la finca La Petrolera el año pasado, quince días después de que el exalcalde de Santa Rosa, Héctor Vicente Ortiz, desalojara a los trabajadores de la mina por falta de requisitos legales. Pero, también después de que el señor Plazas amarrara a un tractor la casa donde vivía el señor Rojas y la derribara, tal y como lo denunció públicamente este campesino.
La pelea por Curiaco
El señor Arsecio Plazas reapareció en junio de 2011. Y lo hizo nuevamente en el municipio de Santa Rosa, pero ahora con un título para explotar oro en la mina de Curiaco. Allí, los mineros artesanales se pararon en la raya, alegando ser los dueños ancestrales de la mina, los herederos de la peña que se ubica en la zona de amortiguamiento del páramo de Santo Domingo, y que anteriormente, en la época de la colonia, empezó a ser explotada por orden de los españoles.
Este nuevo litigio, que también tiene implicado al exalcalde de la población, inició cuando María del Carmen Rojas, en ese entonces la gerenta de la Compañía Agrominera Curiaco S.A. (Coamicur), le vendió al señor Arsecio Plazas. La asociación, que estaba conformada por once mineros, tenía un título expedido por Ingeominas en el año 2006 y una licencia ambiental que les entregó la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). Poco tiempo después, algunos de los mineros que murieron o se marcharon le vendieron a la señora Rojas, y desde ese tiempo posee las mayores acciones de la mina. Ella vive actualmente en la ciudad de Cali, Valle.
Nadie sabe cómo lo hizo, pero lo cierto es que el señor Plazas compró dichas acciones, y fue a mediados del año pasado cuando llegó imponiendo su ley a la zona. Acompañado del entonces alcalde de Santa Rosa, su hijo y uno de los candidatos a la Alcaldía de ese municipio en las pasadas elecciones, les dijo a los doscientos mineros artesanales que él era el nuevo dueño de la mina, que de ahí en adelante se iba a trabajar bajo sus condiciones, o que de lo contrario le vendieran los molinos californianos con los que trituraban la roca y los cuales, años atrás, habían sido transportados a lomo de mula por los guaqueros de Curiaco. “Entre 4 y 5 millones de pesos les ofreció por cada máquina. Quien no quisiera, que se fuera, que cuando construyera la carretera hacia la mina, iba a sacar todos esos hierros que a él no le servían para nada”, dice Guido Rivera, miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, quien ha seguido de cerca este caso.
El día en que Rivera llegó a la mina de Curiaco se encontró a muchos de los mineros con los ojos aguados y tragando grueso, apostados a las afueras de los campamentos que quedan en medio de las ocho vetas o túneles. Pero también a Arsecio Plazas. De capa negra, en medio de la neblina del páramo y hablando con los que trabajan al jornal. Les ofreció un salario mínimo y la seguridad social para que trabajaran con él. Ese mismo día los mineros rechazaron la oferta: “Ganarse seiscientos mil pesos en condiciones de minero artesanal es muy complicado, pues hay túneles de 300 y 400 metros de profundidad para sacar el material al aire libre. El sueldo nos lo colocábamos nosotros. Ganábamos dos millones mensuales”, respondieron ellos.
Los contratos de un testaferro
Muchos de los accionistas, como Adolfo Medardo Andrade, terminaron vendiéndole a Arsecio Plazas. Según Víctor Hugo Romero, un minero que interpuso una denuncia contra el señor Plazas ante la Defensoría del Pueblo en agosto de 2011, “después de amenazarlo con que lo iba a demandar en la Fiscalía por explotación minera ilegal, llegaron a un acuerdo de venta”.
De los once mineros que pertenecían a Coamicur S.A., cinco le vendieron sus acciones y sus herramientas. Algunos, como Andrade, en 8 millones de pesos, según consta en el documento de compraventa de las partes, donde también se puede ver que Arsecio Plazas actuó en representación del señor Carlos Aguirre Babativa, natal de Villavicencio, Meta, y no en su propio nombre o como propietario del contrato. Sin embargo, donde sí aparece Plazas, no como apoderado sino como dueño, es en dos solicitudes más que ha hecho ante Ingeominas para poder explotar oro en 11.996 hectáreas del mismo municipio de Santa Rosa.
El mismo Arsecio Plazas es el dueño de dos fincas de 6 mil hectáreas en San Martín y Mapiripán, Meta, que hoy reclama porque los testaferros de Pedro Oliverio, alias Cuchillo, se las robaron a través de documentos de compraventa irregulares en los que estaría involucrado uno de sus sobrinos, según le explicó a este diario el supernotariado, Jorge Enrique Vélez, a finales del año pasado.
Pero la historia no termina ahí. Hoy, a pesar de que muchos de los mineros se desplazaron a la cabecera municipal de Santa Rosa, al vecino municipio de Bolívar o a su tierra natal, setenta están trabajando actualmente en la mina. Nadie sabe si de parte de Plazas o no, pero lo cierto es que actualmente en la corporación autónoma cursa una solicitud para la apertura y construcción de la carretera hacia la mina de Curiaco, “que es de alrededor de 8 kilómetros y que nosotros estamos dando la pelea para que no se haga. Primero, porque la mina está en zona del páramo de Santo Domingo y Las Ánimas, que queda cerca al Parque Nacional Natural Doña Juana, y además porque está sobre las cabeceras de la quebrada La Mina que es donde ellos lavan el oro con mercurio. Aguas abajo, esa fuente va a caer directo al río Curiaco que desemboca en el río Caquetá”, explica Guido Rivera.
Para la explotación de minerales como el oro están solicitadas ante Ingeominas 179.333 hectáreas en los municipios de Santa Rosa, San Sebastián y Piamonte, que conforman la Bota Caucana, el Parque Nacional Natural Doña Juana y la Serranía de los Churumbelos. Dichas solicitudes son de empresas y multinacionales como AngloGold Ashanti, Greystar Resources Ltda., Continental Gold Ltda., Sociedad Proenza S.A., H Mines S.A.S., CBR Colombia S.A.S., Anglo American Colombia Exploration S.A., Cholo SOM, CI UraGold Corp. Mientras, las aspiraciones a títulos mineros por parte de particulares ascienden a 87.205 hectáreas en la misma zona.
Por estos días apareció en Santa Rosa otro señor diciendo que ha comprado la mina de Curiaco. Dicen que se llama Gilmar Enrique Vaquiro Herrera y se hace pasar como representante de una empresa de nombre Agroruber. Por ahora, el futuro legal de la mina parece incierto. Pero de lo que no hay duda es de que los páramos, serranías, ríos, parques naturales y todo el Macizo Colombiano están en el corazón de Guido Rivera, quien sigue aferrado a la virginidad de esta tierra rica en oro, plata, carbón, coltán y, sobre todo, en agua. Mucha agua.
Cauca, por fuera de la estrella fluvial
Según el decreto 4950 de 2011, que expide el presupuesto del Sistema General de Regalías para 2012, el Cauca, que es donde se forma el Nudo de Almaguer, está dentro de la región Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca), pero no en la región Sur Macizo Colombiano (Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima). Para la CRC este es un grave error que comete el Ejecutivo ya que en el Cauca nacen los principales ríos del país, que abastecen de agua al 70% de los colombianos.
El Cauca no se beneficiaría de los $812 mil millones destinados para la región del Macizo, sólo de los $525 mil millones que hay para la región Pacífico. Los alcaldes del Cauca están solicitando que se revise el articulado que los excluye de dicha región.
El manantial del que bebe el país
Santa Rosa, está dentro del núcleo del Macizo Colombiano que alberga el 70% del agua dulce que consumen el resto de los colombianos. Donde nacen los cinco ríos más importantes para el país: el Magdalena, el Patía, el Putumayo, el Caquetá y el Cauca. En un recorrido que hizo el sociólogo Alfredo Molano en 2011 por el también conocido Nudo de Almaguer, pudo contemplar algunos de los 15 páramos y las 65 lagunas que componen la estrella fluvial del sur del país. Muchos de los afluentes que nacen en este conjunto montañoso hoy están siendo utilizados para lavar y extraer minerales como oro o carbón.
CAPITULO 4: LOS DUEÑOS DEL MACIZO
Doña Diosa es hermana de la profesora Rocío. Ambas saben por qué Carboandes celebró la fiesta de Navidad el año pasado en su vereda, Santa Lucía. “Por primera vez se festejó en dos lugares: en la escuela, donde dimos los regalos que nos donó la comunidad, y en la parte de abajo, donde dieron los que la empresa les llevó”, dice Rocío, mientras agacha la mirada, asienta la cabeza y recoge los brazos como una niña rebelde pero sincera.
Ella misma es la representante del Consejo Comunitario Afrosiso de 14 veredas de La Sierra, Cauca. Desde hace cinco años, cuando llegó la minera AngloGold Ashanti a sus parcelas, ha liderado una dura pugna por la defensa del territorio. Es de raza negra, descendiente de los cimarrones que en el siglo XVIII se asentaron en el Valle del Patía y que hoy defienden la minería artesanal que se hace con bateas en los ríos Esmita y Patía, actividad que sirve de complemento al cultivo de yuca, café o caña, y que los afros o mestizos aún practican, más que todo en tiempos de verano.
A la llegada, un puñado de negros nos esperan en la puerta de la escuela. Al unísono preguntan si somos los periodistas. Luego empiezan a contar que ese día tienen una minga a la que algunos padres de familia no asistieron en razón de que trabajan para Carboandes, y eso los ha puesto en disputa.
En julio del año pasado Afrosiso empezó a dar la dura pelea contra la minería legal e ilegal. Los negros se juntaron con los indígenas para sacar una retroexcavadora que estaba en lecho del río Esmita, exactamente en el Hoyo Patía. La guardia indígena de la vereda Frontino Alto, que también padece la misma situación, y más de 150 comuneros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) llegaron pidiéndoles las llaves a los operarios de las máquinas. Ellos se negaron a hacerlo y fue entonces cuando respondieron que estaban en predios del señor Jorge Díaz, un oficial retirado del Ejército, quien también era el dueño de la maquinaria. Los indios procedieron a quemar las mangueras de las dragas y a desarmar los cambuches apostados en los playones del río. Luego fue retirada la retroexcavadora.
La minga duró un día y medio, pero no ha resuelto el problema. La maquinaria pesada insistió en seguir en el lecho del río Esmita que es un afluente del Patía. En los meses de agosto y septiembre del año pasado la Policía Nacional, junto a la corporación autónoma, incautaron cuatro retroexcavadoras y judicializaron a más de 80 trabajadores de minas a cielo abierto, que han desviado el río de su cauce natural en varios puntos de este predio. Este año volvieron a encontrar maquinaria pesada y varios kilos de mercurio en la misma zona.
Entre 2011 y lo corrido de este año se han realizado 42 operativos en todo el departamento. Aunque éstos continúan, muchos creen, incluso la Fuerza Pública, que siguen siendo pañitos de agua tibia, pues la norma no permite quemar la maquinaria ni meter a la cárcel a quienes explotan las minas ilegalmente, como se hace con los campamentos o laboratorios para el procesamiento de coca.
La concesiones en el Macizo
Para la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), el Valle del Patía es un área muy importante para el país y el Macizo Colombiano. “Es un valle subxerofítico que tiene unas connotaciones propias exclusivas de este departamento”, dice la CRC.
Sobre esa área están los municipios de El Patía, La Sierra y La Vega. En el primero, Ingeominas concedió un título minero por 1.855 hectáreas a la multinacional AngloGold Ashanti para que pueda explotar oro y otros minerales. Pero también están pendientes 34 solicitudes, entre particulares y multinacionales, sobre las márgenes de los ríos Patía, Quilcacé, Timbío y San Pedro. Los mismos afluentes que hoy son blanco de explotación aurífera a cielo abierto.
De igual modo, en el municipio de La Sierra hay cuatro solicitudes hechas por la multinacional AngloGold Ashanti que comprenden un área de 13.362 hectáreas y cinco títulos mineros de 13.163 hectáreas. Carboandes también tiene un título por 3.634 hectáreas con el fin de explotar oro y que es la razón por la que la comunidad de Santa Lucía se ha dividido y ha venido protestando. Hay otras empresas, como la Antioquia SOM, que ha solicitado 19.508 hectáreas para explotar carbón y otros minerales en estos municipios.
El río Guachicono, que vierte sus aguas en el Patía, hace una frontera natural entre los municipios de La Sierra y La Vega, Cauca. Este último, que también hace parte del cordón del Macizo Colombiano, cada mes de marzo recuerda que en 1991 el Ejército asesinó a 17 de sus campesinos porque supuestamente eran militantes de la guerrilla del Eln. Esa fue la conocida masacre de Los Uvos.
Hasta esa población también ha llegado la minería a mediana escala y quiere llegar la grande. Desde el año anterior han aparecido mineros ilegales provenientes de Antioquia, quienes llegan con retroexcavadoras y dragas a desviar las aguas del río Altamira que desemboca en el Guachicono. “La presencia de foráneos y la bonanza minera han incrementado el número de cantinas y el consumo de alcohol. Ha hecho que muchos alumnos del colegio hayan desertado y que la directora de la institución fuera amenazada de muerte por oponerse a la explotación aurífera”, según lo reportó el último informe de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.
En varios operativos realizados a finales del año 2011, se incautaron cinco retroexcavadoras y se judicializaron más de 150 obreros. Estaban sobre el lecho de los ríos Altamira y Santa Juana, que hacen parte del municipio de La Vega, y del compendio de aguas del Macizo Colombiano.
En esta población maciceña, el territorio minero se lo disputan la AngloGold Ashanti y la Anglo American Colombia. La primera tiene ocho solicitudes que comprenden un área de 38.971 hectáreas y nueve títulos por 7.542, ubicados sobre los ríos Pancitará, San Pedro y la quebrada del Buey, principalmente. La sigue la Anglo American Colombia con seis solicitudes para explotar minerales derivados del cobre. Ésta aún no tiene títulos mineros en el municipio, según documentos de la página web de Ingeominas y el mapa de catastro minero que reposa en la CRC.
En total, 16 municipios que pertenecen al Macizo Colombiano y son atravesados por los ríos Cauca, Caquetá, Magdalena, Patía y Putumayo, están solicitados para exploración y explotación minera. Con el resto de los municipios, los títulos en el Cauca ascienden a 248, mientras que las solicitudes llegan a 813 en total. De concederse esas pendientes, según documentos de Ingeominas, 1’623.000 hectáreas, es decir, más del 50% del departamento, que posee 3’090.000 hectáreas, quedaría en poder de multinacionales, testaferros y particulares.
El fin de Santa Lucía
Las camionetas de Carboandes se movilizan por la trocha que atraviesa a Santa Lucía. Deambulan de arriba abajo, a veces con contratistas como María Alejandra González, hermana del exgobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, trabajadora social de esa empresa. “Hacen fiestas y con la música que ellos quieren, porque la mayoría son costeños. A nosotros esa música no nos gusta”, sentencian los pobladores.
Ellos siguen reuniéndose para reflexionar sobre lo que ha pasado en sus comunidades. “Uno ya no encuentra jornaleros, porque la empresa les paga a 25 o 30 mil pesos, y lo máximo que se puede pagar acá son 12 o 14 mil”, afirma Rocío, representante del Consejo Comunitario Afrosiso.
Muchos campesinos han dejado de bajar a sus parcelas a arrastrar la caña panelera. Han abandonado sus trapiches por ir a trabajar con Carboandes.
Los pobladores de Santa Lucía dejaron de vivir como antes e incluso ahora es el miedo lo que impera entre muchos de ellos. Lo que tienen claro es que si las empresas o multinacionales encuentran minerales en sus territorios, ellos tendrán que irse del Macizo. “Así nos lo hicieron saber”, puntualiza Rocío.
.:.
