por Modelo extractivista, la lucha contra las drogas y conflictos sociales amenazan a estos ecosistemas.
Por: Fernando Guerra Rincón – Razón Pública El Tiempo 02 de junio 2019
El Macizo colombiano es un territorio de 4,8 millones de hectáreas que ocupa el 4,3 por ciento del área continental de Colombia. El macizo se extiende sobre 89 municipios en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Huila, Cauca, Tolima y Valle.
En él convergen grandes extensiones de ecosistemas naturales como el bosque subandino, andino, alto andino, páramo y nieves perpetuas. Eso favorece la regulación hídrica y “el mantenimiento de una alta riqueza biológica, paisajística y cultural”, como lo reconoce el documento Conpes 3915.
Los páramos que allí se encuentran –entre los cuales se destacan los volcanes nevados de Puracé y Sotará– tienen una enorme capacidad de almacenamiento de agua, de recarga de acuíferos y de captura de carbono atmosférico.
Allí nacen las cordilleras Occidental y Central, de donde brotan las grandes arterias fluviales del país: los ríos Magdalena, Cauca, Patía, Caquetá y Putumayo, que a su vez alimentan los océanos Atlántico y Pacífico, y el río Amazonas. Todo eso forma una intrincada red de biomas que conecta las regiones andina, pacífica y amazónica.
Esas arterias fluviales se ordenan en seis zonas hidrográficas claves: alto Magdalena, Cauca, Saldaña, Caquetá, Putumayo y Patía. Las tres primeras corresponden a la macrocuenca Magdalena-Cauca; las dos siguientes, a la macrocuenca del Amazonas y la última, a la macrocuenca del Pacífico.
Por todo lo anterior y desde 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró la Constelación Cinturón Andino como reserva de la biosfera –o de la vida misma sobre la faz de la Tierra–.
Dos amenazas
Al menos 10.200 hectáreas en la corona del macizo están concesionadas a grandes mineras, muchas de ellas en zonas de páramos y de reserva forestal donde la ley prohíbe este tipo de explotación. Todo con el beneplácito de la Agencia Nacional de Minería. En el macizo tienen jurisdicción seis corporaciones autónomas regionales (CAR) que poco han hecho por su preservación. Atrapadas por los lineamientos de una economía aferrada a la locomotora minero-energética, las CAR han permitido que se arrase con el Macizo colombiano.
En consecuencia, nueve ríos en el departamento del Cauca están en riesgo por la minería ilegal. Uno de los casos más impactantes es el del río Sambingo, que se secó en sus 55 kilómetros y se convirtió en una cloaca de cianuro y mercurio.
Pero, además de la minería, otra amenaza se cierne sobre este frágil ecosistema: la agroindustria de la caña. En 29.000 hectáreas del Macizo colombiano –especialmente en el Cauca y el Valle del Cauca– se cultiva el 57 por ciento de la caña de azúcar de los 1,2 millones de toneladas producidas en Colombia.
Y, aunque el monocultivo de caña es una fuente de empleo y aporta al desarrollo socioeconómico de la región, también ha tenido un alto impacto ambiental. El uso de plaguicidas, la compactación y erosión del suelo, la quema antes de las cosechas y la fragmentación de hábitats naturales son solo algunos de estos impactos.
Los conflictos
Como si se tratara de un reflejo del país, en el macizo se reúnen muchas de las dificultades y los conflictos de Colombia. Además del y el aislamiento, los cultivos de uso ilícito –según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), citado en el Conpes 3915–, en 2012 había 2.433 hectáreas de coca, y en 2015 habíamos llegado a 6.715 hectáreas. Las zonas hidrográficas más afectadas por estos cultivos son Caquetá, Patía y, sobre todo, Putumayo con el 63 por ciento de estos cultivos. La zona hidrográfica del río Caquetá es la segunda con mayores afectaciones, con el 33 por ciento.
Recientemente, en la zona hidrográfica del río Cauca se han identificado nuevos cultivos. Y ya hay presencia de cultivos de coca en las inmediaciones del parque Serranía de los Churumbelos y Alto Fragua Indi Wasi. Además, el uso del glifosato amenaza el macizo.
Como en casi toda Colombia, las vías terciarias del macizo están en pésimo estado. Por eso, cualquier programa de sustitución de cultivos ilícitos será pura demagogia mientras no se resuelvan otros problemas, como la integración a los mercados, el sistema legal de propiedad, la seguridad jurídica y del territorio y el acceso a créditos de bajo costo.
La violencia, pobreza y exclusión son también evidentes. Los indígenas y los campesinos pobres del Cauca y Nariño han sido desplazados hacia zonas cada vez más altas de la cordillera Central, donde han perdido su base alimenticia tradicional. Además, la expansión de la caña, la ganadería y la minería tienen cercados los resguardos indígenas.
En muchas de esas comunidades, la ausencia del Estado, la minería legal e ilegal, el narcotráfico y el paramilitarismo han creado un entorno de inseguridad, violencia y pobreza extrema.
Lo anterior se agrava si se tiene en cuenta que gran parte de la población del Macizo colombiano es vulnerable: el 10 por ciento es indígena. En total hay trece grupos étnicos: yanacona, páez (o nasa), guambiano (o misak), coconuco, inga, kamsáes (o camentza), Embera, Pijao, Quillancinga, awá, pastos, cofán y totoró; el 7,5 por ciento es afrodescendiente, y el 83 por ciento, campesina y mestiza.
Los principales departamentos con presencia de población campesina e indígena son el Valle del Cauca, Cauca, la vertiente occidental de Nariño y los municipios del costado oriental del Huila y Putumayo.
En 2015, el índice de pobreza monetaria en el departamento del Cauca fue del 51,6 por ciento, y el de pobreza extrema alcanzó el 24 por ciento. En Huila se registró un 44,3 por ciento de pobreza monetaria y un 18,9 por ciento de pobreza extrema.
En general, todos los departamentos del macizo, a excepción del Valle del Cauca, presentan índices de pobreza por encima del promedio nacional. Para el total de los municipios del macizo, el indicador de pobreza multidimensional alcanzó el 56,6 por ciento. En la zona rural, la pobreza es del 78 por ciento, y en la zona urbana ya alcanzó el 40 por ciento.
Otras variables preocupantes en esta región son: el empleo informal, que alcanzó el 91 por ciento; la población sin educación, con el 73 por ciento; la falta de aseguramiento en salud, con el 32 por ciento,y el rezago escolar, con el 28 por ciento.
Además, en todo el macizo la vivienda es precaria y la cobertura de servicios de agua y alcantarillado, también. En muchos poblados ni siquiera hay energía. En las áreas rurales, más del 50 por ciento de los campesinos cocinan con leña.
Deforestación
Entre 1960 y 1980, los terratenientes caucanos arrasaron gran parte del Parque Nacional Coconuco y el Parque Nacional Natural Puracé, dejando solo el pasto para las vacas. Según el Conpes 3915, entre 2010 y 2015, el macizo perdió 17.000 hectáreas de bosque por año.
Las regiones más afectadas fueron los nacimientos de los ríos Magdalena y Cauca, sobre cuyos márgenes se construyó Colombia.
En los últimos 25 años, la zona en donde nace el río Cauca ha perdido una extensión de bosques semejante a la extensión de Cali, la mayor parte de ellos en zonas de páramo. La zona en donde nace el Magdalena ha perdido poco menos que el doble.
Un futuro preocupante
La suerte del Macizo colombiano –un bioma importantísimo para el país y para el planeta en tiempos de cambio climático– no mejorará mientras Colombia siga aferrada a la locomotora minero-energética.
Es necesario dar un salto progresivo hacia el cambio de la matriz energética y hacia las fronteras de la cuarta revolución industrial en esta era de las aceleraciones productivas y científicas.
El país debe replantear su posición respecto de la minería y de la absurda guerra contra las drogas. De lo contrario, seguiremos enfrascados en un círculo de pobreza, precariedad y violencia que destruye nuestra inmensa biodiversidad y nuestra riqueza hídrica.
En síntesis, estaremos condenados a no ser un país viable.
FERNANDO GUERRA RINCÓN*
Razón Pública
* Economista, magíster en Estudios Políticos y Económicos de la Universidad del Norte, profesor universitario y autor de varios libros, entre ellos ‘La geopolítica del petróleo y el cambio climático’, Universidad de Antioquia, 2010.Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.
Tomado de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/riesgos-ambientales-en-el-macizo-colombiano-370290
